NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTO EN LA CDMX DIVIDE OPINIONES

Redacción

La iniciativa para una nueva ley de arrendamiento en la Ciudad de México ha logrado dividir opiniones; por un lado los arrendatarios quienes encuentran en ella una violación a la propiedad privada y por otro, los inquilinos, quienes ven nuevos derechos.

El pasado 8 de julio, el partido Morena presentó una iniciativa para modificar el Código Civil en asuntos de arrendamiento, conocida como Ley de Inquilinos, con la que los inquilinos tendrían beneficios. Dicha propuesta, buscaba evitar la expulsión de quienes se queden sin la posibilidad de cubrir la renta durante la epidemia de COVID-19.

Pero ¿de qué trata esta Ley?

La propuesta plantea en su artículo 2431 Bis, solicitar la renegociación temporal o definitiva de su contrato, debido a que no pueden pagar su renta ante una emergencia sanitaria que paralizó la economía.

Según el artículo 2398, el contrato pueda darse de forma verbal o escrita y debe durar al menos tres años, salvo que el arrendatario solicite algo distinto.

En el artículo 2406, se plantea impedir que los inquilinos que no tengan un contrato escrito puedan ser desalojados en caso de una emergencia, incluso si incumplen con el pago de la renta. Igualmente, se propone que el arrendador pierda el derecho a conservar el depósito si termina el contrato de forma anticipada.

Además, en el artículo 2425 Bis se establece que inquilinos tengan derechos como:

* El arrendador no podrá exigirle al inquilino más de un mes de anticipo para rentar un inmueble.

* No se le podrá exigir algún tipo de propiedad ni fianza como garantía de renta del inmueble.

* Si el inquilino forma parte de una población vulnerable, sólo podrá ser desalojado con presencia de personal de asistencia psicosocial.

* Los desalojos judiciales tendrán que dar un aviso anticipado de dos meses previo a hacerse efectivos.

* Si el inquilino no tiene otra vivienda a donde ir, podrá acceder a programas de vivienda para evitar una situación de calle.

* Habrá oportunidad de una renegociación del pago de alquileres, así como los derechos y obligaciones de las personas frente al arrendamiento, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) del Poder Judicial.

La iniciativa desató de inmediato opiniones en contra, tanto de diputados de oposición como del sector inmobiliario y arrendatarios.

En respuesta, la diputada Martha Ávila señaló que el propósito de la iniciativa es garantizar la vivienda durante una crisis, a través de garantizar los derechos del arrendatario y de dar un marco legal para la conciliación.

“Si en una situación de emergencia se le bajan hasta al 50% sus sueldos a muchos ciudadanos, también tendría que haber una baja en la renta, pero siempre a partir de un acuerdo mutuo”, puntualizó la legisladora.

“Esta iniciativa no ataca la propiedad privada, como lo han estado señalando diversas voces; más bien, refuerza la garantía jurídica para los inquilinos que no cuentan con un contrato donde existe una condición de inequidad, porque en cualquier momento te sacan”, añadió.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: